Caso Cascadas, roba mil, te multarán por 400 ganas 600, de prisión ni hablar. Sólo pierden las pensiones de los chilenos
La SVS confirmó los delitos de valorizaciones de las acciones mediante movimientos planificados (creando un ‘mercado’ ficticio), a lo largo de 3 años, condenó a Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán Lyon, Corredora LarraínVial, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar, Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc Matthaei, a multas que suman US$164 millones.
Pero ¿qué son 164 millones de dólares, cuando los accionistas minoritarios han calculado, comparando los precios de compra y de venta establecidos en la investigación de la SVS, que Julio Ponce Lerou habría ganado US$ 155 millones; Roberto Guzmán, US$ 150 millones, y Leonidas Vial unos US$ 70 millones Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones informó que los fondos de pensiones invertidos en empresas ligadas a Soquimich, hasta el 9 de octubre de 2013 llegaban a US$ 757,9 millones, es decir, al 0,46% del total de los fondos. Sin embargo, no sabemos aún la magnitud del efecto negativo final en las pensiones de todos los chilenos.
Estas operaciones fueron reiteradas en el tiempo, por lo que el monto total involucrado no es menor y llega a cerca de US$ 9.000 millones. La defraudación sin embargo fue tres o cuatro veces superior a esa suma, y el efecto en los fondos de pensiones de los cotizantes para sus jubilaciones, nefasto. Como lo han planteado múltiples voces, si no existe una consecuencia penal, esta paupérrima sanción promueve el fraude escandaloso y el robo descarado.
El fallo de la Superintendencia: svs cascadas res_2014_223.pdf (7505353)
Breve explicación del funcionamiento (José Antonio Gaspar, Fiscal de Valores, fuente: https://idealisreports.cl/el-caso-cascadas/):
Soquimich es una sociedad que destaca a nivel mundial en la producción de minerales no metálicos de gran importancia como el yodo, litio y potasio. Los dueños de Soquimich son diversas sociedades dueñas de acciones que se transan en las bolsas de valores chilenas y extranjeras.
Entre los accionistas de Soquimich destacan las sociedades Pampa Calichera y Potasios de Chile, que conjuntamente controlan aproximadamente un 32% de tales acciones. Por su parte, entre los dueños de Pampa Calichera y Potasios de Chile, destacan las sociedades Oro Blanco y Nitratos que controlan respectivamente un 88,5% de la propiedad de estas sociedades. A su vez, entre los dueños de Oro Blanco y Nitratos, destaca la sociedad Norte Grande, titular de aproximadamente un 75,7% de la propiedad de estas sociedades. Luego, el principal accionista de Norte Grande es la sociedad Inversiones SQYA con un 67,2%, la cual a su vez es controlada por don Julio Ponce Lerou.
Este esquema de sociedades se conoce como Cascadas. En este caso, de acuerdo a la regulación aplicable a las sociedades anónimas, por los porcentajes que controla en cada sociedad don Julio Ponce Lerou tiene el control de gran parte de las decisiones en estas sociedades, hasta llegar a Soquimich, en que tiene el control del voto de 32% de sus acciones.
En las sociedades Cascadas, las demás acciones son de propiedad de diversos inversionistas, destacando aquellos conocidos como inversionistas institucionales como las AFP y los fondos de inversión. Dichos inversionistas institucionales además han invertido directamente en Soquimich.
Esta estructura actualmente está siendo cuestionada por la Superintendencia de Valores y Seguros, el fiscalizador estatal del mercado de valores, sosteniendo la existencia de ciertas operaciones que perjudicarían a los accionistas de las Cascadas y al mercado de valores. Concretamente se señala que en algunas sociedades Cascadas se habrían realizado aumentos de capital que permitían a sus accionistas adquirir nuevas acciones de tales sociedades. A juicio de la Superintendencia, las sociedades Cascadas habrían vendido dichas acciones a un precio inferior al de mercado a otras sociedades vinculadas a Julio Ponce Lerou. Luego dichas sociedades habían revendido tales acciones a un precio superior al de mercado a otras sociedades Cascadas. De este modo, las sociedades vinculadas al Sr. Ponce Lerou habrían obtenido una ganancia en estas operaciones, y la pérdida la habrían asumido las mismas sociedades Cascadas.
Si bien lo usual en el mercado de valores es que en situaciones semejantes, otros interesados hubieran podido disputar dichas acciones ofreciendo otros precios, la Superintendencia sostiene además que en estas operaciones se habrían utilizando mecanismos bursátiles que impiden a terceros participar en estas operaciones ofreciendo otros precios que hubieran impedido las operaciones anteriores.
Así, se habrían efectuado operaciones que provocaron pérdidas a las sociedades Cascadas, en que si bien también participa finalmente el Sr. Ponce Lerou, los principales perjudicados serían los demás accionistas que no habrían recibido ganancia alguna de las operaciones cuestionadas, como las AFP y fondos de inversión. Ello explica que estos inversionistas institucionales sean los principales actores en las denuncias en estudio.
Pero además se habría afectado el mercado de valores en general. Una de sus principales funciones es permitir el flujo de dinero desde potenciales inversionistas a empresas que lo quieren ocupar, a cambio de lo cual ofrecen sus valores. Ello supone que el precio al cual se transen dichos valores sea lo más real posible, dada la dificultad de muchos inversionistas de apreciar correctamente el valor de las empresas, más aún si se refiere a proyectos futuros. Así, las operaciones cuestionadas, si se realizaron a precios que no correspondían a la realidad y sólo buscaron transferir recursos desde las sociedades Cascadas a otras personas, habrían alterado el normal proceso de fijación de precios en el mismo, pudiendo generar desconfianza entre los inversionistas, lo que perjudica el correcto funcionamiento de dicho mercado.
El efecto para los cotizantes y sus jubilaciones:
El costo que los ilícitos que se investigan en el llamado “Caso Cascada” causaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y con ello a todos los chilenos que deben cotizar obligatoriamente para su jubilación, ya ha sido esbozado preliminarmente por la superintendenta Tamara Agnic, estimándose un rango de pérdidas entre US$ 31 millones y US$ 44 millones. “Es necesario advertir que se trata de un rango meramente referencial, pues son los Tribunales de Justicia los que deben determinar la cifra efectiva de perjuicios y las indemnizaciones que correspondan”, aclaró Agnic a CIPER.
No solo los montos son referenciales. Llama la atención que el informe dado a conocer este lunes 20 de octubre por Agnic esté basado únicamente en los datos que las propias empresas fiscalizadas reportaron. Según explicaron en la institución, se cotejó que la información fuera correcta, pero la superintendencia no hizo una investigación propia.